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Defensora de los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, con el intergrupo

Posteado en May 5, 2017
Defensora de los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, con el intergrupo

El intergrupo parlamentario sobre población, desarrollo y salud reproductiva se ha reunido con la defensora de derechos sexuales y reproductivos Regina Fonseca, que ha estado en Europa para explicar la gravísima situación de los derechos humanos en Honduras y la decisión del parlamento de ese país de seguir incluyendo en el código penal penas de cárcel para las mujeres que abortan.

Precisamente mientras Regina Fonseca se encontraba en nuestro país, el parlamento de Honduras decidía que su nuevo código penal seguirá incluyendo la pena de cárcel para las mujeres que aborten. El Centro de Derechos de Mujeres que Fonseca representa, junto con numerosas organizaciones, formaciones políticas y organismos internacionales, piden que se despenalice el aborto en tres supuestos: cuando hay peligro para la salud de la mujer, en el caso de violación o incesto, y ante malformaciones del feto incompatibles con la vida.

La ONU ha emitido un comunicado en el que advierte que la penalización del aborto no hace disminuir las tasas de interrupción voluntaria del embarazo, sino que hace que aumenten los abortos clandestinos y peligrosos.

Regina Fonseca, junto con Calala Fondo Mujeres, Asociadas por lo Justo, Front Line Defenders y Brigadas Internacionales de Paz, las organizaciones que la acompañan en nuestro país, han mostrado su preocupación durante la reunión con integrantes del intergrupo y de la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados por el papel que haya podido cumplir la Agencia de Cooperación Española, AECID, en la redacción del proyecto del código penal. La AECID ha financiado un equipo de consultores que han participado en el proyecto, tal y como han explicado a las y los parlamentarios españoles las organizaciones invitadas. Hay que recordar que el proyecto incluye también nuevos delitos que suponen la criminalización de los movimientos sociales críticos con el gobierno y que violarían los estándares internacionales de derechos humanos.

Tras esta reunión, los representantes del Partit Demócrata Carles Campuzano y de ERC Joan Tardá han registrado una Proposición No de Ley (PNL) por la que se insta al gobierno español a trasladar al hondureño la condena y preocupación por la penalización absoluta del aborto en el nuevo código penal “por contravenir los estándares internacionales de salud reproductiva, poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres y niñas hondureñas que se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo, y de esa manera, además, favorecer las agresiones, acoso y difamación de las que son objeto las y los defensoras/es de derechos sexuales y reproductivos en Honduras”. La PNL pide también que el Ministerio de Exteriores presente un informe sobre las acciones que la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y la Embajada de España en Honduras han llevado a cabo “en apoyo al proceso de renovación del Código Pensal hondureño”, y que “se suspenda cualquier acuerdo de cooperación con Honduras que pueda devenir en violaciones de derechos humanos y agresiones o represión ante la labor legítima y pacífica de los y las defensoras de derechos humanos en Honduras”.

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