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Día Mundial de la Anticoncepción…

Posteado en Sep 25, 2015
Día Mundial de la Anticoncepción…

…y tenemos que seguir pidiendo que la salud y la evidencia científica guíen las políticas.

El Estado español se ha mostrado muy favorable a la inclusión del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva en los objetivos de desarrollo sostenible que marcan la agenda mundial de desarrollo hasta 2030. Sin embargo, la realidad de puertas para adentro es otra.

Este 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Anticoncepción. Al mismo tiempo, la ONU aprueba en Nueva York la agenda que va a marcar las políticas de desarrollo hasta el año 2030, y en la que la salud sexual y reproductiva se reconoce como un derecho que debe realizarse para todas las mujeres del mundo. Nos congratulamos por ello, aunque lamentamos que los derechos sexuales no hayan sido reconocidos en la agenda.

Esta agenda global de objetivos de desarrollo sostenible obliga a todos los Estados (y no sólo a los más pobres) a movilizar recursos y hacer realidad políticas para que las mujeres tengan acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, “incluidos la planificación de la familia, la información y la educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales” (una de las metas del objetivo 3).

El Estado español se ha mostrado muy favorable a la inclusión del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva en los objetivos mundiales. Sin embargo, la realidad de puertas para adentro es otra.

Como ha mostrado la radiografía de la reforma sanitaria elaborada por la red REDER, de la que la FPFE hace parte, desde que se aprobó el Real Decreto 16/2012 muchas mujeres no pueden acceder a los servicios gratuitos de salud sexual y reproductiva por no tener tarjeta sanitaria. Es una exclusión la mayoría de las veces invisible y que afecta a las más vulnerables. A esta barrera para el acceso a la planificación familiar y la salud se añade el impacto en la detección de posibles casos de violencia de género, ya que son los profesionales de la atención primaria los que en muchas ocasiones detectan este tipo de violencia. Por eso pedimos que se derogue el decreto que consagra la exclusión sanitaria y se vuelva al modelo de universalidad, como ya está ocurriendo en algunas comunidades autónomas.

Precisamente esta exclusión ha sido recogida en el informe que sobre el Estado español acaba de hacer público el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, en el que se pide la derogación del decreto 16/2012 a la vez que se lamenta la exigencia de consentimiento parental o de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres de 16 y 17 años. Sobre esta reforma del aborto, la FPFE se reafirma en la declaración firmada junto con entidades médicas y de salud: se está poniendo en riesgo a un colectivo social pequeño pero muy vulnerable, y al que se puede abocar a abortos clandestinos, desamparo e inseguridad legal.

Lamentamos también, en este Día Mundial de la Anticoncepción, que las creencias religiosas o ideológicas se pongan por encima de la ciencia y la salud en las sentencias judiciales, lo que en nuestro país está teniendo consecuencias negativas en el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la objeción de conciencia de un farmacéutico que se niega a vender la píldora del día después nos causa perplejidad, la misma que han expresado los organismos científicos. Como ha señalado Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, esta píldora “es un medicamento considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud y es anticonceptivo y no abortivo según han reconocido las autoridades sanitarias y la Agencia Española del Medicamento, por lo que no cabe ninguna objeción”. La anticoncepción de urgencia debe tener un acceso universal y sin trabas.
Todas estas realidades han quedado recogidas en el último barómetro europeo de acceso a la anticoncepción en 16 países de la UE, que suspende a España y que resalta en especial que la educación sexual, a pesar de estar incluida en la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, no sea obligatoria en los planes de estudio escolares. No hay un presupuesto específico asignado para esta materia, no se ha establecido la edad en la que se debería iniciar la educación sexual, el profesorado no cuenta con ningún tipo de información ni guía sobre sus contenidos y “en la práctica”, señala el barómetro, “se imparte a iniciativa particular de parte del profesorado”. En raras ocasiones la educación sexual, cuando se imparte, incluye información sobre los servicios locales de salud sexual y reproductiva.

A esto hay que sumar el difícil acceso a ciertos métodos anticonceptivos atípicos (como el implante, el inyectable o el diafragma) en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, o la insuficiencia y precariedad de los centros específicos de salud sexual y reproductiva para jóvenes.

Por tanto, en este Día Mundial de la Anticoncepción tenemos que seguir pidiendo que en el Estado español se implemente de manera real el acceso de todas las mujeres, sin discriminación alguna, a los servicios de salud sexual y reproductiva; que la financiación pública incluya de manera suficiente y adecuada el acceso a todos los métodos anticonceptivos modernos; que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre la opción de la maternidad, incluidas las mujeres de 16 y 17 años; que se ejecute la estrategia de salud sexual y reproductiva vigente, con énfasis en la formación en educación sexual del profesorado y la inclusión de la educación sexual como una materia obligatoria en los currículums escolares, como una de las mejores maneras de prevenir embarazos no planificados, violencias sexuales y de género, enfermedades de transmisión sexual o desigualdades de género. Y que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se aborden en las políticas públicas desde la salud, la evidencia y los derechos humanos.

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