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Si se aprobase la ley tendríamos una gran inseguridad jurídica»

El presidente de la FPFE remarca que supondría «la sustitución del derecho a decidir por la creación de “comisiones de profesionales” que decidirán en un marco restrictivo sobre la vida, la libertad y la salud”.

“Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos” es el título del curso que bajo la organización de A.I. se ha llevado a cabo en San Lorenzo de El Escorial, con la presencia, entre otras, de Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, que ha explicado la amenaza que estos derechos viven en nuestro país: “El anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la embarazada conculca y vulnera el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas, fundamentalmente de las mujeres y supone la sustitución del derecho a decidir por la creación de “comisiones de profesionales” que decidirán en un marco restrictivo sobre la vida, la libertad y la salud de las personas”.

También señaló Sánchez que: “la nueva ley puede abrir paso a una política muy restrictiva que conlleve la ilegalidad o la imposibilidad económica de abortar para más del 50% de las personas”. En su opinión, la aprobación de este anteproyecto “puede favorecer indirectamente un repunte importante del aborto clandestino e inseguro y el posible tráfico de medicamentos abortivos sin control, favoreciendo la vuelta a los años 70-80 y la salida al extranjero de miles de mujeres que por las dificultades burocráticas y legales no lo puedan hacer aquí”. En palabras del presidente, hay que subrayar también “la profunda inseguridad jurídica para los profesionales sanitarios” que traería la aprobación del anteproyecto.

La FPFE presentó su trabajo de incidencia, con iniciativas políticas en el ámbito parlamentario, social, sanitario y ciudadano para conseguir la paralización del anteproyecto de ley. También se explicó nuestro trabajo de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos con las acciones para la extensión de la planificación familiar, la creación de centros específicos para jóvenes, mujeres inmigrantes, colectivos vulnerables, etc… en el ámbito de la salud sexual.

Durante el curso, en el que han participado representantes de organizaciones feministas y de organizaciones nacionales e internacionales que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, se ha analizado además el progreso de los compromisos adquiridos por los Estados para el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) que tuvo lugar en 1994 en El Cairo, y de la que se cumplen ahora 20 años, el plazo que la Conferencia se dio para su completa realización.

En dicha conferencia 179 Estados se comprometieron a garantizar que las mujeres y niñas puedan tomar libremente decisiones sobre su sexualidad y su vida reproductiva, sin sufrir coacción, violencia o discriminación, así como garantizar el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados sin riesgo de sufrir criminalización, y fomentando la autonomía de la mujer en los derechos sexuales y reproductivos.