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España es el país que más recorta la ayuda al desarrollo para salud

Posteado en abr 11, 2014
España es el país que más recorta la ayuda al desarrollo para salud

El estado de la ayuda oficial europea y española en salud y salud reproductiva se abordó en la presentación de los informes “¿Quién paga por la salud? Tendencias en la Ayuda Oficial al Desarrollo en salud” de la red europea Acción por la Salud Global y “Euromapping: mapeo de la ayuda europea a desarrollo y población” iniciativa del Foro Parlamentario Europeo y de la organización alemana DSW.

Ambos informes anuales examinan los datos que los principales países europeos donantes declaran ante la OCDE y los compara con los objetivos y recomendaciones internacionales y con los compromisos adquiridos por los propios países.

El informe de Acción por la Salud Global pone de manifiesto que la mayoría de donantes europeos está reduciendo la cantidad de AOD que se dedica a la salud global, lo que los aleja de la recomendación internacional de dedicar un 0,1% de la renta nacional bruta (RNB) a este ámbito de la cooperación. Por otro lado, el informe constata que la ayuda para la cooperación internacional no se corresponde en muchos casos con la capacidad económica de los países.

También compara los desembolsos declarados con los que realmente llegan a su destino en los países empobrecidos, “porque los países donantes declaran como ayuda a la cooperación gastos que en realidad se quedan en el mismo país, como los asociados a la acogida de refugiados, los que corresponden a la estancia de estudiantes en nuestro país o los que van a los organismos internacionales encargados del programa de alivio de la deuda, incluso la ayuda reembolsable” según declaró Eugenia García, una de las responsables de la red en España.

El informe Euromapping, por su parte, refleja las tendencias de financiación desde 1994 – fecha de aprobación del Programa de Acción del Cairo – y destaca la reducción del 4% en el 2012 de las cifras de la AOD de los países de la OCDE y un incumplimiento de la mayoría de los donantes europeos de su promesa de aumentar la AOD al 0,7% del PIB en 2015. También muestra como los estados miembros de la UE no han alcanzado su compromiso de destinar el 10% de toda la AOD para la asistencia a la población, existiendo un déficit de financiación que deberá paliarse para alcanzar las metas fijadas para el 2015.

Ambos informes elaboran recomendaciones de cara a una mayor transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, y piden al gobierno español que incremente sus aportaciones de acuerdo con el compromiso de la cooperación española con el sector de la salud y salud sexual y reproductiva, y que ratifique el objetivo de destinar el 0,1% de la RNB a la salud en la cooperación al desarrollo y 10% de la AOD a salud sexual y reproductiva.

La presentación de los informes fue seguida de la intervención de Joan Tallada, consultor independiente en salud y desarrollo, quien expuso la importancia de la AOD en un momento de recortes dada la interconexión de las realidades y las políticas en el contexto actual e insistió en la coherencia de políticas como base fundamental para el desarrollo.

En el turno de preguntas Sergio Galán, responsable de salud en la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), hizo un llamamiento para que las organizaciones de la sociedad civil y más precisamente éstos informes refuercen una mirada transversal de manera que no se atienda a las necesidades aisladamente, sino desde la interdependencia, para así poder incidir más en la petición de rendición de cuentas a gobiernos e instituciones.

Es precisamente ahora, cuando se están sucedien¬do los debates sobre la agenda post-2015 y sobre los compromisos globales en materia de derechos sexuales y reproductivos (SDSR), con el 20º aniversa¬rio de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo, que se debe aprovechar para evaluar el progreso alcanzado y exhortar a los gobiernos para que cumplan compromisos en materia de salud y salud sexual y reproductiva, además de garantizar la inclusión de un enfoque basado en derechos humanos como parte esencial del desarrollo.

 

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