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Esta ley no va a proteger a las adolescentes, sino a poner en riesgo su salud

Posteado en abr 15, 2015
Esta ley no va a proteger a las adolescentes, sino a poner en riesgo su salud

De aprobarse la proposición de ley que impone a las jóvenes de 16 y 17 años que decidan abortan la autorización de padres o tutores legales incluso cuando tal exigencia pueda ponerlas en riesgo de un conflicto grave, violencia o malos tratos, estaríamos ante una amenaza para la salud de estas jóvenes, que pueden verse abocadas a la práctica de abortos clandestinos e inseguros.

Como afirma el presidente de la FPFE, Luis Enrique Sánchez, volver a imponer el permiso para practicar una interrupción voluntaria del embarazo “no va a proteger a estas adolescentes, como ya quedó claro en el pasado. Los datos muestran que seguirán abortando, sin informar ni a sus padres ni al juez, y de manera insegura”. Con esta nueva pretensión de modificación de la ley, que afecta a un grupo especialmente vulnerable como son las menores de 18 años con graves problemas familiares, se pretende poco a poco y por la vía de los hechos, advierte el presidente de la FPFE, “eliminar el derecho a decidir de las mujeres sobre la maternidad, su vida, sus derechos civiles, su sexualidad y sus opciones reproductivas”, cuando “lo que debería hacer cualquier Gobierno sensato es favorecer y desarrollar el acceso de hombres y mujeres a los servicios de planificación familiar, implementar los mismos y abordar en el sistema educativo la capacitación del profesorado para desarrollar la educación sexual en el marco curricular de la educación Primaria y Secundaria”.

Con este proyecto el Gobierno sólo persigue contentar al sector más conservador de su electorado de cara a las próximas elecciones, además de jugar con el desconocimiento de sectores importantes de la población a los que se les quiere hacer creer que la Ley que el PP propone modificar ha privado a los padres y madres de conocer la decisión de sus hijas, hecho que no es cierto. En 2014, el 3,6 por ciento del total de los abortos en el Estado español fue realizado por jóvenes de entre 16 y 17 años. De ese porcentaje, solo un 12,38 por ciento –es decir, entre 400 y 500 jóvenes– no informó a sus progenitores, de acuerdo con la legislación vigente que protege a estas jóvenes cuando exista la posibilidad de que dicha información pudiera provocar un conflicto grave o violencia intrafamiliar.

El PP vuelve a ignorar las recomendaciones de los organismos internacionales. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres, que visitó nuestro país recientemente, recomendó que no se modifique la ley sobre salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de 2010, al considerar que restringirá aún más el acceso de estas jóvenes a un aborto seguro y legal: “Recomendamos que no se implemente esta medida”.

La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) denuncia que este proyecto de ley:

1.- Vulnera el derecho a decidir de las mujeres jóvenes y podría ser una conculcación de la autonomía legal de las menores establecida en la Ley del Menor y de Autonomía del Paciente.
2.- Supone una grave discriminación respecto a la consideración de la mayoría de edad sanitaria de los varones de igual edad, ya que en la práctica sanitaria se suplantaría la voluntad de la persona afectada.
2.- Ignora el hecho de que más del 90 por ciento de las chicas jóvenes que han interrumpido su embarazo en el último año lo han hecho informando a sus padres y madres y estando acompañadas por ellos.
3.- Pone en riesgo a un colectivo social vulnerable, que son aquellas jóvenes que podrían sufrir maltrato o agresión por parte de sus progenitores si les comunican su decisión de abortar. Un porcentaje pequeño de mujeres pero al que se le puede abocar a abortos clandestinos, desamparo e inseguridad legal, e incluso la muerte.

La FPFE se compromete con este colectivo y ya ha puesto en marcha iniciativas de índole social y político ante los poderes públicos e instancias defensoras de los derechos humanos internacionales.

Igualmente la FPFE alerta a los y las profesionales sanitarios para que se pronuncien, teniendo en cuenta los riesgos que esta nueva vuelta de tuerca del partido gobernante podría suponer para la salud pública.

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