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España suspende. Presentamos informe a ONU

Posteado en Mar 21, 2018
España suspende. Presentamos informe a ONU

La FPFE es una de las 36 organizaciones que presentan informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está examinando a España.  Los derechos sexuales y reproductivos, mal parados.El informe sombra analiza cómo, desde 2012, las políticas y normas de austeridad adoptadas al amparo de la crisis económica y bajo el pretexto de reactivar la economía, han causado una importante regresión en el reconocimiento y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y han ampliado la brecha de desigualdad económica y social. Además de en los derechos sexuales y reproductivos desde el derecho a la salud, el informe se centra también en el derecho al trabajo y el máximo de los recursos disponibles.

Las organizaciones, entre las que además de la FPFE está la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, informan al Comité DESC de que la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en 2011 no ha contado apenas con presupuesto para su aplicación “ni se ha aplicado en su conjunto”. Resaltan el impacto del Decreto 16/2012 por el que se ha afectado a las mujeres inmigrantes “al privarlas del acceso gratuito a os servicios de salud sexual y reproductiva, al impedir su acceso a interrupciones voluntarias de embarazo y al no permitir que puedan disfrutar de medidas de planificación familiar”.  Denuncian los impedimentos burocráticos y temporales que obligan a muchas mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo al margen del sistema sanitario público. Advierten de que “el acceso a la anticoncepción de urgencia es desigual en las distintas comunidades autónomas” y denuncian que hay grandes inequidades en la atención a la anticoncepción entre comunidades. El informe indica que, por ejemplo, sólo 6 CC.AA. han realizado campañas de sensibilización en los últimos 5 años, lo que se traduce en que en este tiempo “más de cinco millones de mujeres en edad fértil no han recibido información institucional sobre el uso de anticonceptivos”.  Se informa al Comité DESC, además, de que “se ha reducido el número de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud”.

La educación sexual es también materia de este informe que se espera que el Comité de Naciones Unidas tenga en cuenta durante las sesiones de evaluación a España. En él se recuerda que el Sistema Nacional de Salud no ha incorporado de manera clara ni suficiente la educación para la salud sexual y reproductiva, y tampoco en los centros educativos, en los que, cuando existe, esta materia carece de sistematización “y muchas veces, de contenidos científicos actualizados”. El informe incluye también carencias para combatir la violencia sexual o para prevenir y tratar el VIH, entre otros asuntos.

Por todo ello, las organizaciones firmantes del informe, entre ellas la FPFE, plantean unas recomendaciones para que el Estado español desarrolle “un marco de actuación y protección integrado e integrador que incorpore la diversidad de prestaciones relacionadas con los derechos y la salud sexual y reproductiva”:

  • Evitando las situaciones de inequidad que se producen entre comunidades autónomas
  • Trabajando desde la educación y la prevención
  • Incorporando a los servicios a toda la población (sin importar la situación administrativa o la edad y poniendo el énfasis en las diferentes vulnerabilidades y discriminaciones)
  • Supervisando que la objeción de conciencia de profesionales no se convierta en una barrera para las mujeres que quieren realizar una interrupción voluntaria del embarazo
  • Ampliando la legislación a las violencias de género fuera del marco de la pareja o expareja, dotándolas también de asistencia, protección, justicia y reparación
  • Asignando un presupuesto adecuado que permita abordar todas las áreas relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos
  • Financiando de forma adecuada los programas para enfrentar la violencia machista y promover la equidad de género
  • Asegurando que las políticas económicas y sociales adoptadas tengan en cuenta las diferentes consecuencias sobre los derechos de las mujeres y la igualdad, tal y como recomendó el CEDAW en 2009

Junto con la FPFE, firman este informe las siguientes organizaciones: Center for Economic and Social Rights (CESR),Médicos del Mundo, Oxfam-Intermón, Observatori DESC, Asociación de Economía de la Salud (AES), Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), Asociación de Enfermería Comunitaria, Comisiones Obreras (CCOO), Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), ARI-PERU, Asociación con la A, Asociación de Mujeres Integradoras para la Igualdad Psicosocial (AMILIPS), Asociación Feminista Tiemar, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIET), Asociación de Planificación Familiar de Catalunya I Balear (APFCIB), Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM), Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria (CESIDA), Federación Mujeres Jóvenes, Forum de Política Feminista, Frente de Lucha Feminista (FLF), Fundación Haurralde,  Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID), Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad  España (WILPF), Medicusmundi, ODUSALUD, Oxfam-Intermón, PASUCAT, Red Transnacional de Mujeres/Networkwoman,  Salud por Derecho, SOS Racismo, Trabajando en Positivo, y Women´s Link Worldwide (WLW).

Ver aquí la nota de prensa
Ver aquí el informe completo

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