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Presentamos la propuesta de la sociedad civil para un desarrollo sostenible

Posteado en Jul 12, 2018
Presentamos la propuesta de la sociedad civil para un desarrollo sostenible

Se publica “Una Agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta”, diagnóstico y propuestas para la acción política de la plataforma Futuro En Común, de la que la FPFE hace parte

El 18 de julio el gobierno español presentará en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas un informe voluntario sobre los progresos hechos en la aplicación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Tomando como motivo este examen voluntario, la red Futuro en Común ha elaborado el informe Una Agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta. Propuestas para la acción política, en el que se hace un diagnóstico de la realidad española y los desafíos para hacer efectiva la Agenda 2030. El documento establece además una propuesta política de largo plazo, tanto a nivel doméstico como internacional.

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Los derechos sexuales y reproductivos están incluidos en la propuesta de la sociedad civil. El informe defiende el acceso universal a la sanidad y un sistema público que no se centre únicamente en la dimensión asistencial, sino que se focalice en las dimensiones preventiva y promocional y que tenga en cuenta que los factores que más determinan la salud de las personas se vinculan con su realidad socioeconómica y otros factores ambientales. Esto es evidente en los derechos sexuales y reproductivos, para cuyo ejercicio, recuerda el informe, “además de atención universal, gratuita y especializada, se requieren programas públicos de prevención y educación sobre relaciones sexoafectivas seguras, igualitarias y saludables. Así lo recoge la meta 3.7, que exige la garantía de un acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”.

 También advierte el informe sobre la desprotección de las víctimas de violencia sexual, y recuerda que  “la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 aborda únicamente la violencia cometida por parejas o exparejas y deja en situación de especial vulnerabilidad a las mujeres víctimas de violencia sexual llevada a cabo por terceros, así como los feminicidios cometidos fuera de las relaciones de pareja. Lo mismo ocurre con prácticas extremadamente perjudiciales para la mujer como la mutilación genital o el matrimonio forzado”. El informe cita  la Macroencuesta de 2015, según la cual el 7,2% de las encuestadas han sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja en algún momento de su vida –lo que equivale a 1,4 millones de niñas y mujeres en España, cifra que ha crecido un 28,4% interanual en el primer trimestre de 2018–. “A pesar de la gravedad de esta realidad, no existe una atención específica al conjunto de las víctimas de violencia sexual que se traduzca en legislación, políticas públicas o planes de acción. Esto implica que ni existan datos propios sobre prevalencia y magnitud de estos abusos ni medidas de prevención contra esta forma de violencia de género. Tampoco las denuncias son abordadas por jueces especializados en este tipo de delitos para que implementen en sus análisis los enfoques de género, incumpliendo por tanto la recomendación del Consejo de Europa”.

Por eso se propone como imprescindible “aplicar ya el Convenio de Estambul ratificado por España en 2014. Este convenio obliga a tipificar como delito, cuando se cometan de modo intencionado, conductas como la violencia psicológica, el acoso, la violencia física y sexual, los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales femeninas, la esterilización y los abortos forzosos, así como la asistencia en la realización de todos estos delitos. También establece obligaciones para los Estados en materia de prevención, protección y persecución judicial; y consagra la obligación internacional de los Estados de la diligencia debida para “prevenir, investigar y castigar a los que cometen el delito, proteger a las víctimas y reparar los daños”. Por último, exige a los Estados adoptar medidas para garantizar que “la cultura, las costumbres, la religión, la tradición o el supuesto honor no se admiten en ningún caso como justificación de actos de violencia contra las mujeres” y establecer que todos estos delitos se sancionen con independencia de la relación entre la víctima y el autor”.

Lee aquí el resumen del informe

El informe tiene el valor de haber sido suscrito por organizaciones y redes de nuestro país que trabajan en 9 sectores sociales diferentes –que van desde el medio ambiente, los derechos humanos, la acción social, el feminismo, la infancia, la economía alternativa o la discapacidad, hasta la acción sindical o la cooperación al desarrollo y la justicia global–. Es desde la riqueza y la legitimidad del diálogo entre lo diverso, desde la pluralidad de miradas, que se tejen propuestas más coherentes que permiten abordar mejor las interrelaciones de la realidad de nuestro país y los desafíos del desarrollo sostenible

Futuro en Común es una innovadora plataforma intersectorial de diálogo y trabajo a favor del desarrollo sostenible, los derechos humanos y la profundización del espacio cívico democrático. Más de 50 organizaciones de ocho sectores sociales diferentes: medio ambiente, derechos humanos, acción social, feminismo, infancia, cooperación para el desarrollo y justicia global, discapacidad, economía alternativa, movilidad humana, sindical, etc. – que, entre otras cosas, trabajan desde una lógica sistémica y transversal para generar propuestas que permitan la construcción de una Agenda 2030 que sea “palanca de cambio” en nuestro país y en el mundo. Futuro en Común está integrado en el Observatorio Europeo de los ODS (SDG Watch Europe). 

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