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Siguen sin resolverse las desigualdades en el acceso a la anticoncepción

Posteado en sep 23, 2016
Siguen sin resolverse las desigualdades en el acceso a la anticoncepción

En el Día Mundial de la Anticoncepción la FPFE recuerda que todavía en nuestro país hay necesidades no cubiertas de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y que siguen sin abordarse por parte de las Administraciones públicas. Es el caso, por ejemplo, de las personas inmigrantes que no cuentan con la tarjeta sanitaria, y de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad que difícilmente tienen acceso a la información y los servicios. Hay que abordar los problemas de uso de los métodos anticonceptivos por parte de las personas jóvenes, y las desigualdades en la financiación y el acceso a los servicios entre las comunidades autónomas.

En el Estado español casi un 70% de las mujeres en edad fértil usan anticoncepción moderna, un porcentaje casi 30 puntos por encima del que se tenía en los años 80, lo que supone un avance muy importante. Pero constatamos que entre las personas jóvenes este porcentaje se reduce al 60%. Muchas y muchos jóvenes usan los anticonceptivos seguros de forma no continuada o inconsistente, en menor proporción que los adultos (es el caso del preservativo masculino) y con un menor uso de métodos hormonales, lo que reduce la efectividad de la anticoncepción. Por otro lado, tanto los hombres como las mujeres, especialmente jóvenes, controlan más el riesgo de embarazo no deseado que la prevención de las infecciones de transmisión sexual (I.T.S.).

Como afirma el presidente de la FPFE, Luis Enrique Sánchez, a pesar del aumento del uso de anticonceptivos en nuestro país, hay colectivos que “tienen más dificultades en el acceso a los servicios de asesoramiento contraceptivo, se exponen a un mayor riesgo de embarazos no planificados, desconocen en mayor medida la anticoncepción de urgencia y presentan tasas más altas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que el resto de la población”. Esta realidad requiere de las Administraciones públicas un esfuerzo añadido para ofrecer atención efectiva y asesoramiento adecuado en salud sexual y reproductiva, y la derogación de las medidas que excluyen a las personas de la atención sanitaria por su situación administrativa.

En este sentido, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo incluye el compromiso de establecer una estrategia estatal que a día de hoy sigue sin desarrollarse. El consejo contraceptivo y la financiación de los anticonceptivos eficaces sigue dependiendo de las decisiones de las comunidades autónomas, que en muchos casos no tienen los servicios de salud sexual y reproductiva entre sus prioridades. Esto genera desigualdades entre territorios que se deben corregir urgentemente.

 ¿Qué hay que hacer?

La FPFE insiste en que hay que desarrollar la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva y acordar, con base en las competencias de las comunidades autónomas, unos criterios comunes que eliminen las desigualdades en el acceso a los servicios y garanticen el acceso de todas las personas a la información y  los servicios.

Es necesario también que el sistema sanitario garantice la financiación de los anticonceptivos seguros, incluidos los más novedosos y la anticoncepción de urgencia. Hay que recordar que este gasto hace ahorrar en gastos mayores al sistema sanitario derivados de la morbilidad y mortalidad asociada a embarazos no planificados; que reducirá el número de abortos, incidirá en la mejora de la salud pública y contribuirá a una mejor calidad de vida.

Además, la contracepción debe estar incluida en los planes de estudio del sistema educativo como parte de la educación afectivo-sexual que sigue sin ser obligatoria a pesar de la Ley y de las recomendaciones de organismos internacionales, y hay que reorganizar y establecer mecanismos de integración funcional de los servicios de atención primaria, los centros de orientación y planificación familiar y la atención especializada, para mejorar la cobertura y la atención, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

¿Qué pasa en el mundo?

Unos 222 millones de mujeres no tienen acceso a información y servicios de planificación familiar modernos.

La disponibilidad de los métodos anticonceptivos en los países en situación de pobreza depende en gran medida de la financiación de países donantes, es decir, de la ayuda internacional. Ahora, varias organizaciones internacionales alertan de que estos países no están cumpliendo con sus compromisos de financiación, mientras que los gobiernos de los países en desarrollo siguen sin asignar los suficientes fondos nacionales a la contracepción. Estas organizaciones, entre las que están la estadounidense PAI, Marie Stopes International con sede en Londres, la Reproductive Health Supplies Coalition y la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), de la que forma parte la FPFE, piden al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que desarrolle un plan que aborde lo que ya es una crisis de acceso a métodos anticonceptivos, y que ponga de relieve la importancia central de la contracepción para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaban hace un año en la Asamblea General de Naciones Unidas y que marcarán la agenda mundial de desarrollo hasta 2030[1].

Como estas organizaciones explican, el 65% de los países del África subsahariana con mayores necesidades cubre menos del 10% de los anticonceptivos con sus propios fondos[2]. Un 92% de estos países dependen de donantes para cubrir más de la mitad de las necesidades en contracepción, y un 46% dependen totalmente de la ayuda internacional para la provisión de anticonceptivos. Por su parte, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el organismo mundial clave para la entrega de suministros y servicios de planificación familiar en países de ingresos medios y bajos, podría acumular un déficit presupuestario de unos 140 millones de dólares en 2016 debido a los recortes en las contribuciones de los países ricos a este organismo.

El acceso a la anticoncepción se relaciona con una mayor igualdad de género, un mayor rendimiento escolar y un mejor desarrollo económico. Cada dólar invertido en salud sexual y reproductiva y en necesidades insatisfechas de planificación familiar puede producir el ahorro de 120 dólares en otras áreas de desarrollo[3].

 

Se estima que cada año 20 millones de mujeres recurren a abortos inseguros para interrumpir embarazos no intencionados. Esto causa alrededor de 22.000 muertes de mujeres al año.

 

Cada día dan a luz 20.000 menores de edad. Los embarazos precoces y no planificados ponen en riesgo la salud de las adolescentes y es una de las causas principales del abandono escolar. El acceso a los anticonceptivos contribuye a que las niñas completen su educación y mejora sus posibilidades de ganarse la vida[4].

 

Los y las bebés cuyas madres han tenido acceso a los anticonceptivos para distanciar sus embarazos al menos dos años tienen más probabilidad de sobrevivir y menos probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento o malnutrición[5].

[1] Ver petición en Change.org
[2] PAI, While Supplies Last http://pai.org/wp-content/uploads/2016/07/PAI-INFOGRAPHIC-JULY-FINAL-low-RES.pdf
[3] Kohler Behrman, Post-2015 Consensus: Population and Demography Assessment: Summary of Targets from the Paper http://www.copenhagenconsensus.com/publication/post-2015-consensus-population-and-demography-assessment-kohler-behrman
[4] June, 2016. Starbird, E. Norton, M.. Marcus R. Investing in Family Planning: Key to Achieving the Sustainable Development Goals. Global Health: Science and Practice.  https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/Glob%20Health%20Sci%20Pract-2016-Starbird-GHSP-D-15-00374-508ct_final.pdf
[5] Ibid.

 

 

 

 

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